Existen pocas instituciones que, pasando inadvertidas, tengan una importancia tan fundamental en nuestro sistema. Si hoy desaparecieran todos los archivos, el resultado sería absolutamente caótico: aparte de la evidente desaparición de una importante parte de los documentos que narran nuestra historia, se produciría un irreparable perjuicio en nuestra vida diaria. La desaparición del Registro Civil eliminaría todo rastro de nuestra existencia y relaciones (partidas de nacimiento, libros de familia, partidas de matrimonio, defunciones…); tampoco existirían referencias a nuestras propiedades inmobiliarias (Registro de la Propiedad) y nuestras posesiones muebles, desde vehículos, hasta obras de arte (Registro de Bienes Muebles).
Los perjuicios para la Administración también serían incalculables. La Administración de Justicia perdería toda la información recogida en el Registro Central de Penados y Rebeldes que contiene las sentencias firmes privativas de libertad, las medidas de seguridad, las condenas condicionales, etc., así como todos los documentos contenidos en los archivos intermedios y de oficina del sistema archivístico del Ministerio de Justicia (procesos judiciales finalizados y en curso, etc.), por tanto, perdería el control absoluto de la justicia. La Administración Sanitaria dejaría de contar con los historiales clínicos de todos los pacientes de España. La Economía estaría completamente descontrolada con la desaparición del Registro Mercantil, que recoge los datos relativos a empresarios y sociedades, entidades de créditos y determinados tipos de contratos mercantiles, entre otros.
Estos son solo algunos de los problemas que llevaría aparejada la desaparición de los archivos. Pero basta analizar detenidamente nuestra organización administrativa para entender que estas instituciones son una pieza indispensable para nuestra sociedad. Hemos dejado de lado los archivos de las instituciones autonómicas y locales, pero no por ello estos tienen menos importancia. De hecho, los cambios de Gobierno en estas administraciones vienen acompañados de la destrucción de gran parte de los documentos. Esto es independiente del signo político del Gobierno saliente y se debe, en general, a un temor a la utilización de información que pueda resultar comprometedora. Sin embargo, la legislación no permite esta actuación a pesar de que se mantenga.
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